4 Sep, 2019 por

Avanza debate de producción estatal de cannabis medicinal

 

En la ocasión, Hasdeu señaló que la Ley Nacional de Cannabis Medicinal fue reglamentada parcialmente y detalló el complejo proceso para acceder a la medicación. Explicó que como no hay productos nacionales autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la forma de acceder es a través de lo que se denomina mecanismo de uso compasivo que habilita la importación, pero mediante un trámite engorroso para el paciente y el médico. Sostuvo que el mecanismo actual “no es satisfactorio” y dijo que “desde todo el país hay un reclamo a Nación para que agilice estas cosas”.

 

Hasdeu acotó que, frente a estas dificultades, las personas recurren a otras alternativas para contar con el cannabis medicinal y, en ese punto, advirtió sobre los riesgos sanitarios que implica la falta de control del Estado. “Estamos como a ciegas, no sabemos qué está consumiendo la gente”, expresó tras remarcar que “producir aceite parece inicialmente fácil pero no podemos tener garantía de qué es lo que contiene”. En ese sentido, explicó que el Estado debe garantizar que los medicamentos cumplan con una serie de condiciones como la evidencia científica de su funcionamiento y las buenas prácticas de manufactura.

 

Mencionó que el uso medicinal de cannabis tuvo una “explosión de potenciales indicaciones” pero aclaró que hasta el momento la evidencia científica sólo encontró mejoras en las epilepsias refractarias. Dijo que en Salud Pública se registró un solo pedido del uso medicinal del aceite, mientras que en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) se tramitaron cuatro solicitudes.

 

En otro orden, el cuerpo votó por unanimidad el despacho que modifica el artículo 3º de la Ley Nº2268 que adhiere a la Ley Nacional N°24.240 de Defensa del Consumidor. La iniciativa, presentada por el Frente Grande, continuará su tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

 

A la vez, la comisión aprobó tres despachos vinculados a planes de ahorro para la compra de automotores. Se trata de un pedido de informe a la Dirección Provincial de Protección al Consumidor por los reclamos en relación a los planes de ahorro de autos durante 2018 y 2019; un proyecto de declaración que expresa preocupación por la situación de los suscriptores y adjudicatarios ante el aumento vertiginoso de cuotas y costos; y otro que expresa el agrado para que el Congreso de la Nación trate los proyectos que declaran la emergencia económica en los contratos de planes de ahorro. Las iniciativas fueron presentadas por el FpV, PTS-FIT, FIT, Libres del Sur, Frente Grande y UP-UNA.

 

Estuvieron presentes los diputados Alejandro Vidal, Raúl Podestá y Santiago Nogueira; y las diputadas Angélica Lagunas, Teresa Rioseco, Viviana Tortorelli, Encarnación Lozano y Gloria Sifuentes.