2 Oct, 2019 por

Buscan avanzar en la creación del Comité contra la Tortura

 

El cuerpo que preside el diputado Mario Pilatti (MPN) acordó invitar para el próximo martes a representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Zainuco para poder avanzar con la iniciativa que, previamente, obtuvo dictamen unánime de la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento.

 

Durante el debate, el oficialismo expuso consideraciones a la integración del Comité y a las atribuciones otorgadas a las organizaciones de Derechos Humanos, entre otros puntos. En ese sentido, Pilatti planteó la posibilidad de incorporar un representante del Poder Ejecutivo que provenga del área de Derechos Humanos o un integrante que haga de nexo entre el Comité y el Poder Ejecutivo. También observó que el artículo 13 del despacho otorga a las organizaciones de Derechos Humanos las mismas atribuciones que al Comité y, en ese marco, opinó que la participación de esos organismos debe contemplarse en el marco del Comité. Remarcó que el órgano debe realizar tareas de contralor y prevención, y aclaró que “ser parte del Poder Ejecutivo de ninguna manera significa estar de acuerdo con que se torture en ninguna dependencia del Estado”. A la vez, argumentó su posición a favor de que “tienen que existir las fuerzas de seguridad y un servicio penitenciario, de la democracia y respetuosas de los Derechos Humanos” y dijo que el objetivo debe ser “prevenir para que no pase”.

 

La diputada Ayelén Gutiérrez (FpV) remarcó la necesidad de garantizar los procedimientos constitucionales y consideró que una mayor presencia del Poder Ejecutivo en la composición del Comité le quitaría autarquía y efecto sorpresa para realizar visitas en las unidades de detención.

 

En tanto, Raúl Godoy (PTS-FIT) hizo eje en la importancia de garantizar una composición independiente para evitar que se convierta en “una oficina del Poder Ejecutivo”. Su compañera del FIT, Angélica Lagunas expresó que es urgente poner en marcha el Comité y sostuvo que con la integración propuesta, el Poder Ejecutivo está incorporado a través de la designación de la primera minoría por la Legislatura.

 

Por Libres del Sur, el diputado Santiago Nogueira advirtió que es “altamente inconveniente que haya participación del Poder Ejecutivo provincial porque es uno de los organismos inspeccionados” y opinó que su incorporación “desvirtúa el sentido de la ley”.

 

El diputado Raúl Podestá (FG) insistió en la necesidad de avanzar en “un ente que dignifique la vida de las personas encarceladas” y subrayó que hay que modificar “el sistema penitenciario de raíz”.

 

El despacho definió que la composición del Comité tendrá siete integrantes con función  ejecutiva, de los cuales cinco serán designados a partir de postulantes propuestos por organizaciones de Derechos Humanos y dos por las dos primeras fuerzas con representación en la Legislatura. Además, elegirá a cinco integrantes que cumplirán funciones administrativas.

 

Las personas que integren el Comité tendrán como funciones inspeccionar los lugares de detención con o sin aviso previo, con acceso irrestricto a todas las instalaciones; recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad; realizar informes y denunciar a las autoridades pertinentes los hechos de tortura, entre otras. En cuanto a las atribuciones, se destacan la posibilidad de presentarse como querellante en causas judiciales vinculadas a la materia y promover acciones civiles y penales, incluyendo medidas cautelares ante los tribunales competentes.