21 Nov, 2019 por

Confederación Mapuche y empresarios inician proceso de mediación por tierras usurpadas

 

La iniciativa comprende a distintas partes y a instancias de este proceso de mediación y conciliación, quedó suspendido en forma provisoria el juicio penal que se iba a realizar en febrero próximo.

 

En forma simultánea, ayer se firmó un acta en la que quedó establecido que las partes «se comprometen a mantener un trato pacífico y de convivencia armónica, no generando situaciones que puedan entorpecer este proceso de diálogo».

 

El fiscal general José Gerez planteó que «el objetivo es iniciar un proceso formal de mediación para buscar la solución del conflicto en forma armónica y pacífica. Por eso pedimos suspender el juicio para que prevalezca el diálogo y así buscar una solución superadora y estructural». Remarcó que «en el Ministerio Público Fiscal tenemos una vasta experiencia en resolver conflictos públicos complejos como este. Sin dudas va a ser necesario que las partes revisen sus posiciones y que muestren disposiciones a ceder un poco para ganar mucho». Y añadió que «acá debe haber una construcción conjunta mediante el diálogo para encontrar una solución del conflicto duradera, y sin dudas que hoy todos estén acá presentes habla de la buena voluntad para que así sea».

 

El diálogo empezó a las 18, durante una reunión realizada en el juzgado de Paz de Villa la Angostura. Por el Ministerio Público Fiscal participaron el fiscal general, el fiscal del caso Adrián de Lillo, el asistente letrado Ramiro Amaya y el director y la subdirectora de la oficina de Mediación y Conciliación Penal, Ulf Nordenstahl y Cecilia Basterrechea, respectivamente.

 

Por parte de la Confederación Mapuche, asistieron el lonko Jorge Nahuel, el werken Gabriel Cherqui, el inan lonko de la comunidad lof Paicil Antriao Damián Olivero y el werken Lorenzo Loncon, junto a la abogada Bárbara Biaiñ.

 

En representación de Emanuel Ginóbili, asistieron sus abogados Jorge y José Mena; en representación de Atilio Converti Gustavo Barrios; y también participaron personalmente Jorge Bernardi y Martín Bianchini.

 

El caso penal surgió por hechos ocurridos entre febrero y agosto de 2018 en el cerro Belvedere. Las denuncias por supuesta usurpación fueron hechas por empresarios y comprendieron a miembros de la comunidad Paincil Antriao. Tras la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, se presentaron las acusaciones que comprendieron a siete acusados por el delito de usurpación.

 

En principio, la mediación y conciliación girará en torno a tres casos penales por usurpación. Aunque no está descartada la posibilidad de que otros casos penales derivados o vinculados a esos conflictos también sean abordados en ese espacio de diálogo.

 

«A partir de los intereses y necesidades de todos los participantes es posible que también sean convocados otros actores, particulares, institucionales, públicos o privados, que puedan realizar aportes para buscar una solución al conflicto», destacaron el director y la subdirectora de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público Fiscal.

 

El juicio por estos casos estaba previsto para el febrero próximo. A instancias del proceso de mediación y conciliación penal iniciado, la realización quedó suspendida en forma provisoria.