20 Mar, 2020 por

Cuál es la pena para aquellos que no cumplan el aislamiento obligatorio

El presidente, Alberto Fernández, anunció anoche el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional. La medida busca disminuir el riesgo de contagio entre personas del coronavirus (Covid-19).
En su discurso aseguró que todos los que no tengan un justificativo para salir de su casa por trabajo o necesidad, serán sancionados según lo establece el Código Penal.

En relación a quienes no cumplan con las medidas, ni puedan justificar por qué están en la calle «Vamos a ser severamente inflexibles», enfatizó Alberto Fernández durante la conferencia de prensa que brindó este jueves por la noche al anunciar el comienzo del aislamiento obligatorio que rige desde las 00 hs de hoy y hasta el 31 de marzo para todo el país.

Esta decisión se basa en la necesidad de frenan la pandemia provocada por el coronavirus e implica la restricción al máximo de los traslados, y la mayoría de los ciudadanos deberá permanecer en sus hogares, con permiso para salir únicamente a comprar alimentos o productos para la salud.

En ese sentido, quienes no estén dentro de los grupos de excepción e incumplan con la norma, estarán cometiendo un delito tipificado en los artículos 205 y el 239 del Código Penal.

En el artículo 205 del Código Penal se establece que «será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».

Desde las 00 horas se comenzaron a llevar a cabo operativos para garantizar que las personas no circulen por los espacios públicos. Se desplegarán en todo el país efectivos de cuatro fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria; a quienes se sumarán las policías locales de cada municipio.

Por su partes, el artículo 239 del Código, determina que «será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere que desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».