6 Dic, 2019 por

Formularon cargos a dos mujeres por apropiarse de becas estudiantiles provinciales

 

La fiscalía requirió también, que la causa sea compleja en atención a la multiplicidad de hechos que son investigados.

 

Los delitos que el fiscal del caso le atribuyó a S.F.O son peculado reiterado (262 hechos) todos en concurso real, concursados idealmente con falsificación de instrumento privado reiterado por la misma cantidad de hechos en carácter de autora (artículos 261 primer párrafo, 292, 45, 55 y 56 del Código Penal). Los delitos que Jara le atribuyó a F.G.D, son peculado reiterado (31 hechos) todos en concurso real, concursados idealmente con falsificación de instrumento privado reiterado por la misma cantidad de hechos en carácter de autora (artículos 261 primer párrafo, 292, 45, 55 y 56 del Código Penal).

 

La teoría del caso presentada por el representante del Ministerio Público Fiscal es que los hechos ocurrieron entre los meses de enero de 2017 y diciembre de 2018. S.F.O y F.G.D, aprovecharon los roles que tenían en el Ministerio de Educación de la provincia y en el marco del sistema provincial de otorgamiento de becas a estudiantes, se apoderaron ilícitamente de fondos públicos que tenían bajo su custodia. Para ello falsificaron firmas y cobraron por ventanilla los montos que surgían de los cartulares presentados.

El perjuicio económico para el patrimonio público provincial por parte de S.F.O, alcanzó la suma de $1.708.400, mientras que en relación a F.G.D, fue de $139.200. De esta manera el monto total de apoderamiento fue de $1.846.600.

 

El representante de la fiscalía de estado que interviene como querellante institucional, adhirió al planteo efectuado por Jara.

 

La jueza de garantías encargada de dirigir la audiencia, avaló el pedido de la fiscalía y dio por formulados los cargos. La magistrada hizo lugar al requerimiento de declaración de causa compleja y fijó el plazo para que la fiscalía concluya la investigación en un año.

 

El fiscal del caso contó durante la audiencia con la asistencia de Elisa Carossio asistente letrada de la fiscalía de Delitos Económicos.