26 Sep, 2018 por

Ramón Rioseco: “un ajuste perverso y oculto”

Foto: Prensa Rioseco

 

El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde señaló que “mediante la Disposición Nº 217/2018 de esta Agencia Nacional de Discapacidad, se aprobó el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto Nº 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez”.
A mediados del año 2017,  fuimos testigos de una maniobra por parte del Gobierno de Macri que suspendió en forma intempestiva miles de pensiones a personas con capacidades diferentes e invalidez que otorgaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
La respuesta masiva de repudio que genero esta medida obligo al Gobierno Nacional a revisar estas suspensiones, que en muchos casos fueron restituidas a raíz de ordenes judiciales.
Sin embargo, esta maniobra no fue una decisión aislada. Por el contrario, se trata de un Plan Sistemático oculto en la supuesta “actualización” de datos que implica la suspensión automática de los beneficios. De esta manera, frente a una suspensión del beneficio, miles de familias deben  iniciar reclamaciones que tardan años en tramitarse para obtener una respuesta favorable.
Con el correr de los días, y especialmente en estas ultimas semanas, se ha dado a conocer la magnitud y eficacia de este plan oculto, silencioso y perverso que golpea a los mas vulnerables de nuestra sociedad.
Las Resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. 
 
De manera reglamentaria, los sistemas de confronte y cruce de datos que determinan las incompatibilidades de estos beneficios, se traducen en una metodología sistemática para cancelar y suspender el goce de estos derechos.
Así, se aplican requisitos y criterios que vinculan la supuesta capacidad del entorno del beneficiario para afrontar estas dolencias que son el objeto de la prestación.
Con estas nuevas resoluciones, se congelan y se someten a revisión miles de pensiones que esperan su tramite final al tiempo que se suspenden otras vigentes.
La novedad es que la Administración Nacional dispuso mediante la Resolución N°268/2018, aprobar un nuevo circuito administrativo para la notificación de suspensión y aplicación de incompatibilidades. Entre otras cosas, dispone que  se notificará la decisión de suspensión y otorga un plazo de 10 días para iniciar el reclamo, como una manera de “asegurar” los derechos afectados.
El Plan importa además, la aplicación del  Decreto 432/97  que establece criterios para la obtención de este derecho que a esta altura son totalmente inconstitucionales y contrarios a los derechos que consagran Convenciones Internacionales y que obligan al Estado argentino.
Articular la defensa de Derechos. 
Es necesario articular todas las instancias institucionales que permitan una acción conjunta para evidenciar este ajuste brutal sobre las personas que mas lo necesitan, a través de la Defensoría del Pueblo, las oficinas de la Defensa Publica  y las organizaciones sociales para denunciar esta violación masiva de los derechos humanos mas elementales.