22 May, 2020 por

Santiago del Estero: Investigan a una médica que impidió un aborto no punible a una niña de 12 años que fue violada

Santiago del Estero se convirtió en noticia debido al caso de una niña de 12 años que fue violada, se le negó la ILE y que cursa un embarazo de 27 semanas.
El hecho trascendió al conocerse que el personal del centro de salud al que concurrió en primera instancia, esta niña en compañía de su madre, omitió realizar la denuncia policial correspondiente de abuso sexual.
Además denunciaron que los médicos a cargo del caso «mintieron sobre el tiempo de gestación que cursaba sumando semanas y dilataron los tiempos para dar conocimiento al Ministerio de Salud provincial» según informó Mumalá.
«Esta re-victimización ejercida en reiteradas oportunidades significa una transgresión a sus derechos. Son graves las consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas. El estado debe protegerlas atendiendo de forma integral este grave problema de salud y derechos humanos» manifestaron desde la agrupación feminista.
En 1921 la segunda reforma del Código Penal habilitó la posibilidad de interrumpir embarazos que fueran consecuencia de una violación. Actualmente, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L” de 2012, las personas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo en 3 casos:
  •  Si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios;
  • Si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el bienestar físico, mental-emocional y social)
  • Si el embarazo proviene de una violación.
La Convención sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto en 2018 reafirmó el pedido a nuestro país: “Argentina debe asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención posaborto para niñas adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones”.
Finalmente expresaron que «Desde Mumalá -Mujeres de la Matria Latinoamericana- exigimos de carácter urgente que la provincia adhiera y garantice el Protocolo ILE, que se investigue a fondo este caso y que apliquen las sanciones correspondientes a las personas que obstaculizaron a esta niña el acceso a sus derechos. También que la justicia investigue la violación de esta niña para que el autor no quede impune.En un mundo justo las niñas no son madres».

Por su parte el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago del Estero, Luis Santucho, calificó de “gravísima” la actuación de los profesionales de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, en el departamento de La Banda, que atendieron a María, la niña de 12 años que enfrenta una maternidad forzada en esa provincia . “Bordea el delito”, apuntó.

Santucho reveló que desde la UPA no realizaron la denuncia policial correspondiente de abuso sexual, a la que están obligados cuando tienen conocimiento de un caso, además de mentir sobre el tiempo de gestación que llevaba la niña y agregarle semanas, y demorar su notificación al Ministerio de Salud provincial.

“Son gravísimas omisiones que terminan perjudicando a la niña porque impidieron la intervención oportuna de los organismos de niñez y del programa de Salud Sexual y Reproductiva que tienen que actuar en estas situaciones”, señaló y reclamó que se inicie una investigación para deslindar responsabilidades.

La ministra de Salud provincial, Natividad Nassif, informó que ya se inició un sumario administrativo al personal de la UPA frente a las irregularidades denunciadas.