4 Jun, 2019 por

Un decreto presidencial golpea a Parques Nacionales : “El severo ajuste ha impactado de lleno en nuestra Institución”

La Asociación Amigos de los Parques anticipó que presentará una acción de amparo contra esta grave maniobra. Denuncian que es un “desmantelamiento” de la APN para avanzar en los negocios turísticos. El presidente Macri modificó una ley nacional quitándole la facultad de dar concesiones

Los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales denunciaron el vaciamiento de la institución. «Todos estos ajustes no alcanzan a satisfacer la voracidad de fondos de la actual gestión, y por ende, nos vemos sometidos una vez más, en menos de tres años, a un nuevo cambio de estructura institucional», aseguraron.

El artículo 6 de la Ley Nacional Nº 22.351 establece que la Administración de Parques Nacionales (APN) es la encargada de autorizar o rechazar la construcción de obras o la concesión de negocios turísticos en los sitios a su cargo en todo el país, siempre y cuando no representen amenaza al ecosistema.

Mediante el decreto 368/19 el presidente Mauricio Macri le quitó ese poder a la APN y se lo entregó a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La medida, desconocida hasta hoy, escondería varias irregularidades graves.

La primera es que, por tener menor jerarquía, se modificó una ley por decreto por lo que sería inconstitucional. Y lo segundo es que esta maniobra le daría luz verde al Gobierno nacional para, ahora sí, avanzar con la construcción de una Villa Turística en el Parque Nacional Iguazú por ejemplo.

Conocido el decreto polémico, la Fundación Amigos de los Parques anticipó que impulsará una acción de amparo para declarar inconstitucional la norma presidencial.

José Barrios, presidente de la ONG ambiental, señaló  que “este decreto anula la autoridad que tenía la Administración de Parques Nacionales y también deja fuera de competencia a todo el personal técnico y capacitado de este organismo, como los biólogos que realizan informes sobre la viabilidad ambiental de los emprendimientos que se pretenden realizar”.

“Ahora el personal de Parques Nacionales no tiene más facultades para opinar ni para advertir cuando algún emprendimiento podría dañar el medioambiente. Quedaron fuera de juego”, sostuvo.

“Los técnicos y los investigadores eran las personas que advirtieron que la Villa Turística podría causar un impacto grave en Iguazú y en otros parques también, ahora los sacan del medio”, dijo. Para el dirigente ambiental, queda claro que “ahora no se puede detener cualquier emprendimiento que quieran hacer. La única opción que nos queda es presentar una acción de amparo que lo vamos a hacer con los abogados”.

Para José Barrios, este decreto es un claro “desmantelamiento de la Administración de Parques Nacionales para avanzar con los negociados. Queda claro que ya está todo arreglado con inversores extranjeros”.

“Es lamentable que mediante un decreto se modifique una ley y se le quiten funciones a un organismo que fue creado justamente para cuidar el medioambiente y las áreas protegidas. Estamos viendo que los negocios pesan más”, se lamentó.

 

El decreto polémico

El decreto 368/19 fue firmado el pasado 22 de mayo y era desconocido hasta esta publicación. Hace referencia, supuestamente, al “Plan de Modernización del Estado” y la “simplificación” para el funcionamiento del Sector Público Nacional.

Sostiene que la finalidad “es la desconcentración en la toma de decisiones” y que ello permitirá “brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional”.

Agrega el decreto que la APN “como autoridad de aplicación de la Ley Nº 22.351 y sus modificatorias”desempeña un rol fundamental y preponderante en la política nacional de conservación y mantenimiento de la diversidad biológica, del patrimonio natural y cultural, y de las bellezas paisajísticas y escénicas más representativas” del país.

Sin embargo, se argumenta que el Ejecutivo nacional ya venía realizando una tarea inherente a la infraestructura “destinada a la atención del visitante de los Parques Nacionales” y por eso “resulta razonable, oportuno y conveniente, desde el referido punto de vista organizacional, y teniendo en cuenta el principio de especialidad, asignar las competencias que surgen del artículo 6° de la Ley N° 22.351 y sus modificatorias a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaría General de la Presidencia o al órgano que en el futuro la reemplace”.

 

TEXTO DE ATE PARQUES NACIONALES CASA CENTRAL

Los trabajadorxs de la Administración de Parques Nacionales informamos que la aplicación del severo ajuste en el Estado ha impactado de lleno en nuestra Institución, por el drástico recorte en el presupuesto de las áreas protegidas nacionales. Las consecuencias de tal achicamiento no pueden ser ajenas al conjunto de la sociedad ni escapan a nuestra responsabilidad como agentes públicos, lo que nos obliga a advertir y denunciar lo que sucede en nuestro Organismo.

El presupuesto para los Parques y Reservas Nacionales, al mes de septiembre, sufrió  un recorte de $ 50.000.000. Esto imposibilita llevar a cabo las tareas de control, la seguridad para los visitantes, la atención en época de incendios forestales (se recortó la contratación de 65 brigadistas de incendios para la próxima temporada alta de fuego en la Patagonia) y el desarrollo de los proyectos de relevamiento, monitoreo y seguimiento para la conservación del patrimonio natural y cultural.

Mientras se desfinancian las áreas protegidas, las oficinas en Buenos Aires fueron mudadas a un edificio alquilado en Carlos Pellegrini 657, conun contrato firmado en dólares por USD 1.650.000 al año por 3 años y con expensas de $ 300.000 mensuales. Esta importante suma es muy cercana al ajuste en los parques y reservas.

Sumado a esto, se inventó hace algunos meses la figura de los “facilitadores” para lograr el ingreso de simpatizantes o militantes del Pro, con salarios que hasta duplican la de los profesionales de carrera. También se facilitó el ingreso de gerentes de mano dura, como Gonzalo Riobó -voluntario de la Fundación SUMA de la Vicepresidenta Gabriela Micheti y ex Director de Administración de Recursos de la Subsecretaría de Gestión Económica de la Ciudad de Buenos Aires-, denunciado por desdoblamiento de licitaciones: hoy tiene la misma función, pero esta vez en Parques Nacionales.

Eugenio Breard, Presidente de Parques Nacionales, es ex Gerente de la Phillip Morris (su compromiso ético con un ambiente sano es dudoso), es vecino de Mauricio Macri y Nicolás Caputo (casualmente, cuya empresa construyó el flamante edificio alquilado de la Casa Central) en el Country Cumelen en Villa La Angostura; hoy parece más preocupado por la cantidad de cocheras para los Directores Gerentes en el Centro porteño que por las dificultades para la provisión de combustibles para recorridas y proyectos de conservación.

Todos estos ajustes no alcanzan a satisfacer la voracidad de fondos de la actual gestión, y por ende, nos vemos sometidos una vez más, en menos de tres años, a un nuevo cambio de estructura institucional, subsumiendo la conservación a las necesidades operativas y administrativas.

Advertimos a la sociedad y a las organizaciones de la sociedad civil amigas de esta Institución centenaria, que esta gestión propone lineamientos contra-derechos, porque ignoran o son contrarios a los avances conceptuales y prácticos en materia de conservación de la biodiversidad, sus implicancias para un ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de una democracia diversa y plural.