21 Ago, 2020 por

Alquileres: preocupa octubre, cuando cae el decreto que impide desalojos y aumentos

El 30 de septiembre vence la medida que, en el marco de la crisis por el coronavirus, congela los valores y prorroga los contratos. El Gobierno nacional no anunció si habrá una prórroga.

En la Argentina, cinco millones de personas alquilan una vivienda, según datos del INDEC. De acuerdo a algunas asociaciones civiles, la cifra crece a ocho millones y medio. Para todo ese caudal de inquilinos, el 30 de septiembre es una fecha bisagra. Ese día vence un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Gobierno nacional publicó en el inicio de la cuarentena y los afecta de manera directa.

El DNU generó un paréntesis en el que se congelaron los precios de los alquileres, se suspendieron los desalojos por falta de pago y se prorrogaron contratos. Pero lo decretado el 29 de marzo tiene vigencia hasta el 30 de septiembre, fecha para la que falta poco más de un mes, y de no haber una extensión significará un problema para millones de familias argentinas.
Desde la Federación de Inquilinos esperan que el gobierno nacional firme la prorroga del decreto 320, y le lleve un alivio al 30% de las personas que alquilan en todo el país.

Sólo en Ciudad de Buenos Aires, según la Dirección General de Estadísticas y Censos, un 35,2% de los hogares son de inquilinos (datos de 2019); el porcentaje abarca a más de un millón de personas.

«Todas las consultas que hoy recibimos refieren al decreto. En este momento no hay otro tema que preocupe más», dice Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados y uno de los principales impulsores de la ley de alquileres que se votó y promulgó en junio, durante la pandemia.

«Hay mucha incertidumbre e intranquilidad económica. Nos consulta tanto el inquilino que no está pudiendo pagar el alquiler y necesita de la extensión del decreto para mantener la vivienda, como el que está al día con los pagos pero se le vence el contrato y, de terminar el DNU, no tiene el dinero para renegociar o encarar una mudanza», ejemplifica Muñoz.

El decreto, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todo su gabinete de ministros, estableció que la pandemia de coronavirus exigía «extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social» y que, por lo tanto, debía velar por el derecho a la salud pero también por el derecho a la vivienda.

Las medidas incluidas en el DNU perseguían mitigar el impacto económico ante la crisis por el Covid-19. Pero con el país inmerso en un contexto de recesión y posterior cuarentena, sólo en los primeros cinco meses de este año la pérdida de empleo afectó a casi 500.000 trabajadores, tanto independientes como en relación de dependencia. Para una gran cantidad de locatarios, hacer frente hoy a sus obligaciones es igual o más difícil que en marzo.

Según un sondeo de la Federación Nacional de Inquilinos, el 30% de las personas que alquilan no pudo pagar la totalidad del mes de agosto y la mitad acumula deudas de al menos dos meses. El estudio incluyó más de 3.000 respuestas de inquilinos de todo el país. Desde la Federación estiman que si no se prorroga el decreto, más de un millón de hogares correrán riesgo.

Desde el gobierno nacional, aún no especifican si extenderán o no el decreto, lo que genera incertidumbre y malestar entre aquellos que, producto de la pandemia, contrajeron deuda o deben mudarse y no cuentan con los recursos económicos. «Si la comunicación de una extensión llega una semana antes del vencimiento será tarde, porque muchos ya habrán vuelto a vivir con su familia o mudado», aseguró Muñoz.

Desde la Federación de Inquilinos pidieron una extensión hasta marzo del DNU y un plan de desendeudamiento para el sector, para que de esa manera tanto inquilinos como propietarios puedan tener un panorama claro de pago y cobro. Sobre este último punto, el DNU planteó que las deudas sean pagadas a partir de octubre, en un plazo máximo de seis meses a partir de la primera cuota.

«El pago de la diferencia podrá incluir intereses compensatorios, que no podrán exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco Nación, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad», agregó el texto.

«La mitad de los ingresos del hogar se destina a pagar el alquiler. Es una porción muy grande a pagar o a saldar, en caso de que haya un acumulado de meses. Por eso solicitamos un programa de desendeudamiento. La ausencia de un plan va a generar conflictividad entre las partes», anticipa Muñoz.