20 Ago, 2020 por

Ética de la responsabilidad, mesura y juicio político

Dr. Pablo Parrilla

En San Martín de los Andes, el COVID-19 trajo mucho más que preocupación sanitaria y golpe económico, también reveló importantes desajustes institucionales, graves cuestionamientos al modo de destinar los recursos y serios interrogantes sobre el rol del Consejo Deliberante. Si bien es cierto que nadie estaba preparado para vivir una situación extraordinaria de estas características, debemos aprender de las experiencias para fortalecer nuestro municipio. Y en el ámbito de la política local, no mejor forma de fortalecerse que mediante el refuerzo de las instituciones.

La cuestión de las “horas extras” abonadas a una determinada cantidad de empleados municipales, por trabajos que no fueron realizados en “horas extras” y que desde un punto de vista estrictamente legal no era una obligación del municipio por estar doblemente exceptuadas a partir de la regulación nacional (Decreto 297/20), es sin lugar a dudas una grave falla legal e institucional del municipio.

Más allá del rol que posea la CIAP, el Ejecutivo municipal debía respetar en todo momento los canales institucionales establecidos en la regulación municipal: Carta Orgánica, Convenio Colectivo de Trabajo y Ordenanza de Presupuesto, entre otros.

Tanto el informe de auditoria de la Contraloría como los diversos dictámenes legales del Ejecutivo y el Concejo Deliberante reflejan que existieron (y aún existen) graves fallas respecto de la toma de decisiones del Ejecutivo y respecto a la forma administrativa en que esas decisiones fueron puestas en práctica.

Dicho de un modo más llano, no hay dudas de que el Ejecutivo se salteó pasos institucionales al tomar la decisión de abonar abultadas partidas extras sin dar intervención al Concejo Deliberante y, además, llevó adelante esos pagos de una forma administrativamente errada, por definirlo livianamente.

Hasta aquí, lo técnico.

A partir de esta situación, la comunidad política de San Martin de los Andes se plantea cuales son las consecuencias políticas de este desacierto del Ejecutivo. Para eso, debemos respondernos una pregunta esencial:

¿se trata de castigar al intendente electo por las –indudables- faltas cometidas (juicio político)? o ¿se trata
de reparar el daño causado y garantizar hacia el futuro el respeto a los canales institucionales, reforzando el contralor?

Naturalmente las respuestas afirmativas a estas preguntas (ambas válidas y legitimas) dependerán del juicio subjetivo del lector. Sin embargo, es posible ofrecer algunas reflexiones en ambos sentidos:

1. Juicio Político

La Carta Orgánica de SMA establece en su art. 137 la posibilidad de realizar un juicio político para destituir al intendente electo si existe un “mal desempeño de la función” y/o un “incumplimiento de los deberes a su cargo”, entre otras causales más graves.

Tanto el mal desempeño de la función como el incumplimiento de los deberes a su cargo son causales subjetivas, es decir sujetas a la opinión intima de cada Concejal. A diferencia de cualquier delito penal, no hay ley ni contexto normativo que defina qué obrar tipifica la existencia de un “mal desempeño” o un “incumplimiento de
deberes”.

Particularmente, no hay contexto normativo que permita evaluar qué gravedad debe contener ese incumplimiento para justificar una sanción semejante como es la destitución. Por ende, las conclusiones para una eventual destitución no son jurídicas sino estrictamente subjetivas y políticas.

A propósito de lo anterior, es interesante recordar las palabras del Prof. Barcesat, quien sintetiza “no existe ninguna opinión autorizada que defina qué debe entenderse por “mal desempeño”, lo que genera una situación de incertidumbre, un verdadero cono de sombra respecto de qué conductas pueden ser reprochadas. Tampoco puede defenderse esa incertidumbre afirmando que reposa en la discreción y buen tino de quienes tienen
la competencia para la remoción de los funcionarios.”

Para evitar las subjetividades y los errores propios y ajenos del pasado –vienen a mi memoria los ejemplos de Fernando Lugo, Dilma Rousseff o hasta incluso la del intendente de El Hoyo, Pol Huisman- todos los interlocutores deben asumir esta responsabilidad con suma prudencia, robustez técnica y seriedad, no solo
analizando esta coyuntura sino lo que podría significar a futuro.

Dado que no hay parámetro legal para establecer si tal o cual situación califica como “mal desempeño de la función” o como “incumplimiento de los deberes a su cargo” que justifique la aplicación de la “pena política máxima” como la destitución, los Concejales deben ponderar el contexto y la gravedad de los hechos.

Sobre el contexto debe señalarse que, si bien era extraordinario y grave, los canales institucionales siempre estuvieron disponibles. En efecto, hubo un compromiso del Concejo Deliberante de ponerse a disposición del Ejecutivo para resolver cuanta cuestión urgente existiera, y así lo hizo.

Sobre la gravedad de los hechos, es imposible no ponderar que –aún en una forma muy desacertada- las medidas cuestionadas tuvieron como objetivo mantener un servicio esencial y que los fondos comprometidos efectivamente terminaron en el bolsillo de los trabajadores y no en las cuentas bancarias de ningún funcionario.

En mi opinión, humilde y ciudadana, hay un quiebre en el análisis cuando se verifica que al final del día los fondos fueron destinados a los trabajadores municipales y no dan lugar a los delitos de malversación de fondos públicos (art. 260 a 264 Código Penal) o delitos de cohecho (art. 256 a 259 Código Penal).

En virtud de lo anterior y con la información disponible al día de hoy, aún cuando los errores del Ejecutivo fueron graves y deben ser inmediatamente corregidos, no revestirían la gravedad suficiente para equipararlos con un delito capaz de recibir la “pena política máxima”, como lo sería una eventual destitución.

Por fuera de ello, también debe reflexionarse si el momento angustiante que vivimos a causa del COVID-19 (y que implica grandes desafíos para las administraciones públicas), es el momento adecuado para este tipo de afrontes.

Intervención del Tribunal de Cuentas

Todo lo dicho anteriormente, no significa que el Consejo Deliberante no tenga obligaciones a su cargo respecto de avanzar con el esclarecimiento, corrección y eventual sanción del Ejecutivo. En efecto, el Consejo tiene la obligación –cuyo cumplimiento es urgente- de remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que éste, en ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 2.141 ejerza el debido control externo y se expida en cuanto a la legalidad, legitimidad y oportunidad de los actos.

Si en el ejercicio de su competencia legal el Tribunal de Cuentas llevara adelante la sustanciación de un Juicio Administrativo de Responsabilidad y presumiera que se ha cometido un delito de acción pública, el propio Tribunal deberá formular la denuncia correspondiente ante el juez Penal de turno (Art. 110 Ley 2.141). Dicha denuncia podría ser ratificada por el Concejo Deliberante.

En otras palabras, en este escenario complejo, la obligación del pleno de los Concejales es, por el momento, la de remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas. Esa obligación naturalmente incluirá la de propiciar un juicio político si el Tribunal de Cuentas verifica la existencia de un delito y procede a las denuncias penales como resultado de sus investigaciones.

2. Reparar el daño causado, garantizar el respeto a los canales institucionales y reforzar el contralor

Si la respuesta a la pregunta inicial sobre los objetivos políticos no fuera la de una destitución per se sino que fuera la de este titulo, entonces es posible explorar algunas alternativas tenientes al fortalecimiento de la estructura municipal.

Primeramente, los distintos actores políticos deben encontrar conjuntamente una solución inmediata para evitar seguir abonando partidas que no posee respaldo legal, y así evitar perpetuar los errores técnicos y administrativos cometidos. Esas respuestas conjuntas deben encontrarse de forma urgente, para que no siga impactando más en el déficit local.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo debería reflexionar profundamente respecto de si su equipo se encuentra suficientemente capacitado para enfrentar las exigencias que conlleva una administración municipal en este entorno excepcional. Es difícil entender que después de estos graves errores no haya quién deba asumir
personalmente las responsabilidades, dando un paso al costado. Asumir errores no es síntoma de debilidad, sino de liderazgo.

Por último, Ejecutivo y Concejo conjuntamente deben responder a la necesidad de fortalecer los canales institucionales y garantizar que situaciones como estas no vuelvan a suceder en el futuro. Para ello, una propuesta que podría resultar conveniente es modificar la Carta Orgánica mediante el proceso de enmienda con
posterior referendo (art. 218 Carta Orgánica), reemplazando la actual Contraloría por un verdadero cuerpo colegiado como lo sería un Tribunal de Contralor, que sea dotado con las herramientas legales suficientes para ejercer un debido control.

Lo dicho anteriormente no supone que sea cuestionable el desempeño de la actual contralora, sino por el contrario que resulta necesario otorgarle mayores herramientas y poder a su rol para que en el futuro el control sea mayor, más inmediato y eficiente. En mi opinión, un Tribunal de Contralor -elegido por el Concejo Deliberante por concurso público de antecedentes- debería garantizar un mejor desempeño de la administración.

A modo de breves conclusiones, no hay dudas de que el Ejecutivo cometió faltas legales, institucionales y administrativas que no pueden ser pasadas por alto. Deben ser prontamente remedidas y deben ser analizadas con todo detenimiento por el Tribunal de Cuentas, quien tendrá la obligación legal de denunciar penalmente cualquier delito que verifique en sus investigaciones.

Excepto que esto último suceda, no pareciera verificarse que las faltas del Ejecutivo puedan significar la “pena política máxima” que implicaría su destitución. Todo el arco político local debe tener presente que en el pasado reciente estos canales fueron utilizados a nivel nacional e internacional para ejercer otro tipo de presiones políticas, que no son deseables en una democracia. Pero ello no significa que el Ejecutivo no esté obligado a dar muestras claras y concretas, tanto políticas como técnicas, de haber comprendido la gravedad de la situación. La mejor muestra será aquella en donde los responsables de esta situación den un paso al costado.

En cualquier caso, lo más importante debe ser fortalecer internamente las instituciones de control para evitar que situaciones como estas se den en el futuro. Con ese fin, la creación de un Tribunal de Contralor puede ser beneficioso para fortalecer la democracia que todos queremos en San Martín de los Andes.

Como decía Weber “el Político debe tener amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones”. Eso incluye a todos.

Si bien el presente artículo es una nota de opinión, en virtud de las consideraciones legales contenidas corresponde señalar que el autor es Abogado (UBA) inscripto en la matricula del Colegio de Abogados de la Capital Federal (CPACF) bajo el Tomo 122 Folio 253.