La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) recibió a integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) filial Neuquén quienes se pronunciaron en contra del proyecto que autoriza a la policía provincial a utilizar armas no letales para la prevención del delito.
Según adelantó la titular del cuerpo, Yamila Hermosilla (DC-Comunidad) se convocará a participar a otras organizaciones sociales, a la fuerza policial y al Ministerio de Seguridad para continuar con el debate. El intercambio de opiniones de hoy derivó en consideraciones en torno a la edad de imputabilidad, al crimen del periodista Juan Caliani, al alcance de la ley 2302 y a los niveles de inseguridad de la provincia, entre otros puntos.
Al rechazar el proyecto, el titular de la APDH Neuquén, Walter Pérez pidió “más debate y menos armas”. Mencionó “antecedentes” que, según dijo, demuestran que “no existen garantías” respecto a su correcta utilización y recordó que al docente Carlos Fuentealba se lo asesinó con un arma no letal como una granada de gas lacrimógeno.
Pérez pidió repensar la “formación, capacitación y profesionalismo” de la fuerza policial en primera instancia para reflexionar sobre “qué cuerpo de seguridad queremos” como sociedad. Asimismo, solicitó analizar los proyectos en el marco del “contexto social” en el que se presentan y dijo que, si bien existe un problema real de inseguridad, “el debate es cuál es la mejor respuesta, y nosotros entendemos que no es más armas sino más debate y abordar la cuestión social”, en particular en una provincia con altos niveles de pobreza, indicó.
En otro tramo, Pérez retomó estadísticas que dan cuenta que, en países del primer mundo que usan dispositivos no letales como los dispositivos taser, en el 90% de los 344 casos mencionados, las víctimas estaban desarmadas. Dijo, además, que en tales países su utilización está regulada por protocolo pero, al no cumplirse, “se generan graves consecuencias”. Finalmente, remarcó que desde la APDH “no estamos en contra de la policía” pero aclaró que la organización se conformó para acompañar a las víctimas de la violación de derechos por parte del Estado y que el efectivo policial “es el Estado”.
A su turno Carmen Raña, también integrante de la APDH y del Foro en defensa de la ley 2302, se refirió a la vulneración de derechos de las infancias que, según indicó, están desprotegidas al incumplirse el alcance de dicha ley. Describió una “seria situación de riesgo y abandono por ausencia absoluta del Estado provincial” y, en ese marco, denunció “desmantelamiento” en áreas centrales de asistencia estatal. Mencionó por caso que sólo tres centros de desarrollo infantil se encuentran en funcionamiento en la capital neuquina en lugar de la veintena que debieran estar activos, o las largas lista de espera, de hasta 350 personas, en admisión de Desarrollo Social para adquirir ayuda con elementos básicos –alimentos, bonos para garrafas, abrigo, etc.-.
El debate
El tratamiento del proyecto retomó aspectos del debate que tuvo lugar en la reunión anterior. En efecto, desde el MPN Ludmila Gaitán volvió a pedir mayores precisiones en el texto, en particular para especificar si se trata de un reemplazo del armamento reglamentario vigente y para describir los posibles escenarios en los que se habilitarían tales dispositivos. Por UxP, Darío Peralta coincidió y recordó que se trata de armas con menor nivel de letalidad que no impiden secuelas irreversibles o muerte, mientras que César Gass (JxC-UCR) solicitó considerar cuestiones médicas y sociales antes de aprobar la ley y dijo que “un arma en manos de una fuerza no capacitada, siempre va a ser letal”.
A su turno, Andrés Blanco (PTS-FIT-U) exigió analizar las causas de la inseguridad en una sociedad como la actual con “descomposición social”. En ese marco, se refirió a la necesidad de discutir “el origen del problema” y de aquellas situaciones que generan desigualdad.
Desde el oficialismo, Ernesto Novoa (DC-Comunidad) se inclinó a favor de la propuesta y recordó el caso el asesinato del policía José Aigo que “duele porque su sangre es de segunda categoría, no hay ninguna asociación que lo defienda”. En esa línea, se posicionó “del lado de las víctimas” y no de quienes incumplieron la ley y aseguró que la “declaración de los Derechos Humanos es para todos”. Finalmente, se inclinó a favor de la modificación de la 2302 porque “los que asesinaron a un trabajador de prensa deberían estar presos y están en su casa”. En ese marco, dijo que un “pibe de 14 años sabe lo que está bien y lo que está mal”.
También a favor se expresó Verónica Lichter (PRO-NCN) quien señaló que en la ecuación “costo-beneficio, es mucho más grande el beneficio” del uso de las armas no letales y detalló que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad. “Cómo no vamos a dotar a las fuerzas de seguridad de los elementos indispensables para que pueda cumplir con la misión legal que le han dado” preguntó la legisladora.
Su par de Cumplir, Brenda Buchiniz, coincidió en calificar de beneficiosa su utilización y ponderó las ventajas de las armas marca Byrma en comparación con la 9mm de uso policial en cuanto a que tienen mayor alcance, permiten disparos indirectos y evitan lesiones severas. Además, explicó que se ensamblan en el país y que son más económicas que las reglamentarias de la fuerza policial.
Por su parte, Alberto Bruno (Hacemos Neuquén) se refirió al “exceso de protección de los Derechos Humanos” que deriva, según interpretó, en que los delincuentes tengan más derechos que las víctimas. Calificó de “excelente” el proyecto en tratamiento y adelantó su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad.
Tras el intercambio de opiniones, el autor del proyecto, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) aclaró que la propuesta no pretende atacar el problema de la inseguridad sino proteger al agente policial y a terceros de una posible bala perdida. Dijo que la comisión de DDHH debiera avalar la iniciativa pero “parece que quiere que la policía siga usando armas letales”. Precisó que la medida es de aplicación “individual” y no para todo operativo ni para todo el plantel de la fuerza de seguridad.
Al inicio de la reunión, y tras la participación virtual de la conductora Andrea Laura Molina, el cuerpo emitió despacho al proyecto que declara de interés legislativo el programa de radio “Somos Malvinas” transmitido por la radio municipal de Zapa la.
