La Cámara de Diputados sancionó por mayoría la ley 3426 que declara la emergencia penitenciaria en toda la provincia por un plazo de tres años, prorrogable por igual período.
La iniciativa, elevada por el gobernador Rolando Figueroa, faculta al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta 50 millones de dólares para hacer frente a la crisis del sistema, la falta de infraestructura de servicios y la superpoblación carcelaria. La norma fue aprobada anoche en sesión extraordinaria y obtuvo 21 votos positivos aportados por Desarrollo Ciudadano-Comunidad, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Avanzar, MPN y Cumplir. Las bancas del FdTN y FITU se pronunciaron en contra.
La emergencia penitenciaria fue fundamentada por el diputado Ernesto Novoa (Desarrollo Ciudadano-Comunidad) calificó la situacion carcelaria “sumamente grave”, denunció que, por la superpoblación de las cárceles, en la actualidad se utilizan las comisarias para alojar personas detenidas y condenadas. Expuso que son “deplorables” las condiciones edilicias de los centros penitenciarios. “Debemos dar una respuesta para quienes hayan cometido un perjuicio a la sociedad lo paguen, pero en condiciones dignas”. Advirtió que el sistema alberga a más de mil personas detenidas, en un régimen carcelario con capacidad para 600.
Al respecto, el diputado Francisco Lépore (Avanzar) informó que en lo inmediato se necesitan incorporar 200 plazas nuevas para bajar el cupo de detención de la U11 y descomprimir las comisarias, que alojan a 55 personas privadas de su libertad. Agregó que el financiamiento servirá para afrontar reparaciones, incorporar equipamientos y restaurar servicios en las unidades de detención.
Por el bloque Cumplir, Alberto Bruno señaló que la medida permitirá afrontar las condiciones de hacinamiento y pidió también por una ley de emergencia en seguridad. De igual modo, ponderó la concurrencia de funcionarios de la cartera de Seguridad a la comisión de Hacienda para brindar informes de manera semestral.
El diputado Gerardo Gutiérrez (MPN) sugirió que se incorpore al Comité contra la tortura como consultor de los distintos aspectos de la emergencia.
A su turno, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) aseguró que “el Estado no está funcionando” y mencionó por caso las elevadas estadísticas provinciales en femicidios, homicidios, robos y hurtos. En ese sentido, pidió avanzar en una ley de emergencia en seguridad para dotar de mayores recursos a la policía neuquina. Se refirió a la precariedad de las instalaciones carcelarias y reivindicó la necesidad de endeudarse en dolares para la realizacion de obras de mediano y largo plazo.
A su turno, al argumentar su voto negativo, la diputada Lorena Parrilli (FdTN) cuestionó el endeudamiento en moneda extranjera y dijo que se trata de una práctica habitual del actual gobierno provincial. Su compañero de bloque, Darío Martínez, criticó la falta de precisiones en cuanto a las tasas y plazos del endeudamiento y dijo que, de acuerdo al informe de la cartera de Seguridad de esta mañana, las necesidades carcelarias se podrían cubrir con 22 millones de dólares y no con 50 como lo plantea la ley.
Desde el FIT-U, Gabriela Supiccich coincidió “en el diagnóstico” de la situación carcelaria, con elevados índices de hacinamiento y condiciones indignas de habitabilidad de las unidades, pero advirtió que la ley no dará respuesta a la situación, al tiempo que cuestionó el “cheque en blanco” que constituye el endeudamiento.
