8 Sep, 2020 por

Las autoridades del Concejo Deliberante presentaron una denuncia penal por falsedad ideológica en un documento público

Los jefes de bloque del Concejo Deliberante radicaron una denuncia penal contra los miembros de la CIAP: Karina Verónica Urra, Daniela Areco, y Segundo Nemesio Andrade; y además, en contra de: Saul Castañeda, Marcelo Fabián Sánchez, y Juan Manuel Mansilla.

Foto ilustrativa anterior a la pandemia Federico Soto

Según indicaron en la denuncia entre los papeles presentados como respaldo del pago de horas habituales como extras hay documentación que fue falsificada.

Al realizar la presentación correspondiente los concejales manifestaron «que sin perjuicio de la calificación penal que oportunamente el Ministerio Público Fiscal determine, el delito aquí denunciado es el contemplado en el artículos 293 del Código Penal – “Falsedad Ideológica”».

La denuncia se basa en que «de la simple lectura del Acta n° 07/20 de la C.I.A.P., de su texto surge que fue librada en fecha 03 de junio de 2.020 y que en su parte más trascendente refiere a la lectura y aprobación del Decreto n° 1.241/20.-, siendo este dictado recién fecha 22 de julio de 2.020».

«Así queda evidenciado de forma palmaria la burda maniobra intentada por quienes suscribieron el Acta n° 07.- de la C.I.A.P., toda vez que con fecha 03 de junio simularon dar “lectura al Decreto n° 1.241 y se discuten todos los fundamentos del mismo concordando con las motivaciones y dejando aclarado que la C.I.A.P. propicia la reimputación de las horas en el horario habitual …”, sin advertir que se estaban refiriendo a un Decreto que a esa fecha – 03 de junio de 2.020.- todavía no existía, ello atento a que el citado Decreto recién fue librado 52 – cincuenta y dos – días después, para mayor precisión el día 22 de julio de 2.020.-«

Es decir, que para justificar la erogación los denunciados se basaron en un Decreto que fue librado casi dos meses después. De lo cual se desprende que para respaldarse falsificaron documentación. “…insertaron en un documento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar,…”.

A su vez, los denunciantes, manifestaron: «Cabe advertir que hasta aquí y en virtud de los documentos analizados, el Señor Intendente no tendría participación alguna en esta maniobra delictiva, pues pareciera que se habría limitado a homologar un Acta que le fuera remitida por la C.I.A.P., la que cuenta con la firma de tres de sus funcionarios políticos – Sanchez, Mansilla y Castañeda».

Lo que presuponen es que «el Señor Intendente habría sido engañado en su buena fe».

Por otro lado expresaron que la responsabilidad no sería la misma en todos los participantes teniendo en cuenta el rango jerárquico que ocupan unos por sobre los otros.

«Sin perjuicio de lo a hasta aquí expuesto advertimos que existiría una responsabilidad dispar entre los firmantes, pues por un lado advertimos que tres de ellos son funcionarios públicos municipales y con un alto nivel de responsabilidad, en tanto que los otros tres son trabajadores municipales que ocupan cargos de menor jerarquía y han llegado a ocupar una representación en la C.I.A.P. merced a su compromiso gremial y en defensa de la masa de los trabajadores municipales».

La denuncia, consta de 12 páginas en las cuales se detallaron todas las irregularidades que llevaron a los concejales  a realizar la denuncia penal por «falsedad ideológica en un documento público».

El pedido de los denunciantes a la fiscalía es que se realice un allanamiento para «preservar los documentos involucrados en esta denuncia»