19 Oct, 2021 por

Presentan un proyecto de ley para que se declare la emergencia de infraestructura de los establecimientos educativos

La iniciativa apunta a restablecer la seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares; garantizar el suministro de los servicios básicos de electricidad, gas, agua y sanitarios y de conectividad de los establecimientos; y satisfacer la demanda de escolarización. 

Las diputadas Leticia Esteves y Ayelén Quiroga, y el diputado Luis Aquín, de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley para que se declare la emergencia de infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal hasta el 31 de diciembre de 2022.
Esta iniciativa, además propone la creación de un comité de crisis en el ámbito del Poder Ejecutivo para organizar y coordinar la utilización de los recursos disponibles destinados a atender la emergencia. Y también contempla el funcionamiento de una Comisión de Seguimiento Legislativo que estará integrada por cinco diputados, de los cuales dos serán de la primera minoría, dos de la segunda minoría y uno de la tercera.

El Ministerio de Educación deberá instrumentar las políticas referidas a la emergencia y establecer pautas para la reparación, refacción y reacondicionamiento de los edificios que no cuenten con una infraestructura acorde a las normas de seguridad e higiene. Para ello, el Poder Ejecutivo provincial deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para atender los gastos que demande la implementación de la ley.

Los fundamentos hacen referencia al deterioro de la educación pública que se agravó con las medidas de prevención impuestas por la situación sanitaria. Mencionan que los serios problemas de infraestructura quedaron en evidencia en dos trágicos acontecimientos producidos en los últimos meses; uno en la Escuela Albergue Nº 144 de Aguada San Roque, donde fallecieron dos operarios y una docente, y otro en la Escuela Primaria 342 de San Patricio del Chañar, donde explotó una caldera sin dejar víctimas fatales.
“El gobierno provincial neuquino no cuenta con un plan integral que enfrente, repare y compense los daños colaterales generados por la irregularidad en las clases de los estudiantes neuquinos, no solo producida por la situación de emergencia sanitaria, sino a causa de los conflictos salariales, de infraestructura, de previsibilidad, de diseño y ejecución de políticas públicas. Todos estos factores son los que impiden brindar educación de calidad y regular desde hace más de dos años”, sostienen.