21 Jul, 2020 por

Se presentó un proyecto en el Concejo Deliberante que pide Cupo laboral trans

Los concejales del Bloque del Frente de Todos (FDT), en conjunto con el Colectivo Autogestivo Diverso y la Federación Argentina LGBT, presentaron un proyecto para que sea tratado en el recinto.

foto web

Como antecedente plantearon que si bien desde 2012 existe en el país la ley nacional n° 26.743, Ley Nacional de Identidad de Género, que reconoce el derecho a la identidad según la vivencia, esto no es suficiente para atender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales en Argentina.

Además aseguraron: «La falta de acceso a un trabajo formal responde en muchos casos a los niveles de discriminación que sufre históricamente este colectivo; pero también a la exclusión del sistema desde la niñez. Por eso, no es solo habilitar los espacios laborales, sino también generar los espacios de capacitación laboral específica en las tareas a realizar».

Es por esa razón que los concejales del FDT, el Colectivo Autogestivo y la Federación Argentina LGBT presentaron un proyecto para asegurar cupo laboral trans.

El proyecto de ordenanza:

La municipalidad de San Martín de los Andes sanciona con fuerza de ordenanza:

Artículo 1.- La Municipalidad de San Martín de los Andes deberá ocupar personas travestis y trans, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) del total de empleados municipales de planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad de contratación.

Artículo 2.- Será menester de la Dirección de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad y Mediación Comunitaria generar la difusión masiva en nuestra localidad para que esto sea posible.

Artículo 3.- A fin de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativo no constituye un impedimento para el ingreso al empleo. La Dirección de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad y Mediación Comunitaria arbitrará los medios necesarios para que efectivice la terminalidad educativa y otras capacitaciones conforme al cargo. Para esto se generará un sistema de becas de formación.

Artículo 4.- Serán destinatarias/os todas las personas con una identidad de género que difiera de la asignación sexo-genérica que se realizó sobre ellas al nacer, hayan o no accedido a los beneficios de la ley nacional 26.743

Artículo 5.- El Órgano Ejecutivo Municipal, a través de la Autoridad de Aplicación, deberá:

  1. a) Generar un Registro Municipal de Aspirantes (RMA). El mismo tendrá carácter abierto, a través de la página web de la Municipalidad de San Martín de los Andes.
  2. b) Elaborar programas de concientización que tengan como fin remarcar la importancia de la inserción laboral equitativa e igualitaria.
  3. c) Realizar campañas sobre el respeto a la diversidad sexual en los distintos sectores del mundo laboral.
  4. d) Elevar semestralmente a la Comisión de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamentos y Recursos Humanos del Concejo Deliberante un informe sobre la aplicación de la presente norma.

ANTECEDENTES NORMATIVOS

La Declaración de Derechos Humanos, en su artículo n° 1 refiere a que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, como así también la identidad de género es una prerrogativa que integra el derecho a la propia identidad.

La Constitución Nacional, y tratados y resoluciones internacionales establecen el derecho a la identidad, a fin de resguardar la dignidad del ser humano en virtud del reconocimiento y respeto a su identidad.

La ley nacional N° 26.743 que establece el derecho a la identidad de género, a partir de la propia vivencia de las ciudadanas y ciudadanos.

Fundamentación

En 2012 se aprueba la ley nacional n° 26.743, Ley Nacional de Identidad de Género, reconociendo un derecho humano fundamental que es el derecho a la identidad según la vivencia de los y ciudadanas argentinas.

Está ley es un avance en materia de derechos, pero no suficiente para atender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales en nuestro país. Es de público conocimiento que el promedio de vida de una persona trans varía entre los 35 y 41 años, diferente al promedio de vida general que ronda los 75 años de edad. Esta diferencia no solo se debe a los crímenes trans-odiantes, sino, y en mayor medida al recorrido vital de esta comunidad.

Cerca del 90% de las personas trans, no tiene un trabajo formal, vive en la pobreza, y ejerce el trabajo sexual en situaciones de extrema vulnerabilidad. La situación de precariedad, sin acceso a una obra social, configura una situación de descuido sobre este colectivo, que sigue marcando este promedio de vida tan preocupantemente bajo.

La falta de acceso a un trabajo formal responde en muchos casos a los niveles de discriminación que sufre históricamente este colectivo; pero también a la exclusión del sistema desde la niñez. Por eso, no es solo habilitar los espacios laborales, sino también generar los espacios de capacitación laboral específica en las tareas a realizar.

Según diversos indicadores la esperanza de vida es de entre 39 y 41 años. La expresión de la identidad de género es realizada durante la adolescencia  entre los 13 y los 17 años, menos de la mitad de logra terminar el secundario y un número menor accede a estudios terciarios.

En Neuquén y Río Negro se realizó en 2018, un relevamiento desde la UNco, llamado TRANSformando Realidades, que es el único a nivel regional y se realiza con otras organizaciones e instituciones civiles. Los números no varían mucho con respecto a la encuesta nacional: el promedio de vida en la región es de 42 años, menos del 40% logra terminar el secundario, de estos el 58% son de quienes dieron a conocer su identidad de género antes de los 20 años.

Tenemos como estado y como sociedad una deuda sobre este colectivo, y si bien la lucha y organización del colectivo travesti y trans ha ido poniendo en agenda la desigualdad de derechos y se ha logrado un recorrido Legislativo que dio fruto a Leyes que han sido modelo para la región, todavía falta garantizar el acceso a políticas públicas que garanticen una vida digna.