Dijo que un eventual incremento dependerá «de la situación del país» en diciembre, cuando Nación debe tomar una definición sobre el congelamiento.
Es parte de lo que ya comenzó a hablar con ministros de todas las provincias, en el seno del Consejo Federal de Energía, un organismo creado en abril del 2017, que en la práctica no había entrado en funcionamiento.
“La pandemia nos permitió acceder a información más detallada de la situación de millones de argentinos. Creo que hay herramientas para llegar con más precisión, con una segmentación más individual. Junto con la información que nos pueda dar cada provincia, vamos a poder hacer un esquema de tarifa con un susidio mucho más eficiente”, consideró en declaraciones que hizo a LU5.
Según informó , a las provincias les pidió “cómo está la morosidad de los usuarios en los sistemas que tengan información” y de otros aspectos vinculados al sector.
Entre ellos, “devoluciones sobre el Plan Gas y las particularidades de la situación energética en cada provincia”.
El margen del impacto en el bolsillo de los contribuyentes, la situación tarifaria tiene una incidencia central desde la mirada de las empresas productoras.
A finales del 2019, el gobierno congeló las tarifas de servicios públicos por el contexto económico que atraviesa el país.
El caso del gas es paradigmático de las tensiones que la situación despierta en el sector. El gobierno acaba de anunciar un nuevo esquema de precios con el que busca garantizar la producción desde el 2021.
Convalidó un precio de u$s 3,70 por cada millón de BTU para el gas de la Cuenca Neuquina, un precio que implica algo más de u$s 1,20 por sobre el precio de mercado. Así busca garantizar condiciones que estimulen las inversiones. Al mismo tiempo, las principales productoras del país reciben de lleno el impacto de las deudas de empresas distribuidoras por una parte significativa de su producción.
Ya plantearon la queja al gobierno nacional, a través notas enviadas al ministro de Economía Martín Guzmán y al propio Martínez
