La ministra de Seguridad anunció que Prefectura Naval podrá usar todo tipo de armas para dejar de estar en una «situación desventajosa en el patrullaje de ríos», como primer paso para el restablecimiento del reglamento general que regirá próximamente para todos los miembros de las fuerzas federales de seguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves que la Prefectura Naval podrá, desde este viernes, «usar todo tipo de armas de fuego» para dejar de estar en una «situación desventajosa en el patrullaje de ríos», como primer paso para el restablecimiento del reglamento general que regirá próximamente para todos los miembros de las fuerzas federales de seguridad.
Así lo indicó Bullrich al presentar el comienzo de la restitución del protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que había sido suspendido durante el Gobierno de Alberto Fernández.
«Mañana (por el viernes) en el boletín oficial va a estar publicada una resolución para que Prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego policiales y no solo las armas cortas que hoy tienen permitidas», indicó la ministra durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la cartera de Seguridad, ubicada en Gelly y Obes 2289, ciudad de Buenos Aires.
Esta medida es el primer paso del restablecimiento del «Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad», una normativa dictada por medio de la resolución 956/2018 cuando Bullrich era ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri.
Esta resolución fue dejada sin efecto por la extitular de la cartera de Seguridad Sabina Frederic, el 20 de diciembre de 2019 durante la administración de Fernández.
«Hemos trabajado este protocolo para que la Prefectura pueda proteger su gente, las fronteras, la ciudadanía y estar en mejores o iguales condiciones en la que están los criminales», sostuvo Bullrich, y detalló que en la actualidad los agentes de esta fuerza se encuentran «en una situación desventajosa en el patrullaje de ríos de frontera en relación a los delincuentes».
La ministra ejemplificó esta situación de la Prefectura con dos casos recientes en que los efectivos no pudieron repeler ataques de delincuentes con armas de fuego y objetos contundentes: uno de ellos en el kilómetro 216 del Río Paraguay, en Formosa; y otro en el kilómetro 1076 del Río Uruguay, en Misiones.
«Las armas cortas que hoy tienen permitidas no tienen el alcance necesario cuando los botes y barcos que vienen con cargamentos ilegales cruzan y se van hacia la frontera», señaló.
Bullrich encabezó la presentación junto al secretario de Articulación Federal, Sebastián García de Luca, el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el subprefecto nacional Naval, prefecto general Alejandro Annichini.
«El alcance del reglamento es para sentirnos cuidados para poder cuidar a la ciudadanía. Nos vamos a aggiornar para darle garantías al personal, siempre en el marco de la ley», destacó Annichini.
Además de esta medida para la Prefectura, el reglamento también contempla otras normativas que involucran al resto de las fuerzas federales y que, según detalló Bullrich, irán «avanzando a lo largo de este mes».
Desde el entorno de la ministra afirmaron a Télam que el próximo paso probablemente sea restablecerlo «prontamente» y «de una vez» para todas las fuerzas federales restantes: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Dentro del reglamento dispuesto en la resolución 956/2018 se encuentra el aval para que los efectivos puedan usar sus armas reglamentarias sin tener que identificarse a viva voz cuando haya «un riesgo de muerte o lesiones graves a otras personas», y también para poder utilizarlas aún cuando el delincuente «se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves», entre otras posibilidades.
Estas disposiciones fueron criticadas por distintas organizaciones y dirigentes políticos que la calificaron como una vulneración al Código Penal y la Constitucional.
En ese sentido, la exministra Frederic se manifestó en contra de que el protocolo sea reestablecido y advirtió que permitiría que «las Fuerzas de Seguridad hostiguen a la población sin causa».
También criticó la resolución que propone «lo que técnicamente se llaman ejecuciones extrajudiciales» para que la policía actué «frente a situaciones que tienen un margen de ambigüedad».
«Es una pena de muerte encubierta. No solo vulnera la protección que la Constitución y el Código Penal, sino que va contra la propia fuerza de seguridad porque las obliga a actuar contra el Código Penal. La justicia debería poner freno a este tipo de resoluciones», remarcó este jueves Frederic en declaraciones a radio AM 750.
Para la exministra, Bullrich busca reestablecer el protocolo tras «la caída del proyecto de Ley Ómnibus» donde se contemplaban modificaciones al código penal.
«Este te diría que es el peor de los protocolos de Bullrich que derogamos porque enmarcaba las acciones de las fuerzas de seguridad en la legitima defensa forzando y yendo contra el Código Penal», añadió.
El retorno de este protocolo fue también cuestionado desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó que esa norma «habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil».
«Los números hablan solos. Bastó que en diciembre de 2019 se derogara el protocolo Chocobar para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales», indicó la Correpi en un comunicado.
El 12 de enero pasado, Bullrich recibió al expolicía Luis Chocobar, condenado por matar a un delincuente que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en el año 2017.
En el encuentro se habló también sobre planes para «modernizar y adaptar» la legislación del Código Penal para «garantizar un marco legal que ampare a quienes defienden la seguridad pública».
Fuente: Télam
