El jueves pasado, los concejales del bloque del Frente de Todos, Santiago Fernández y Martín Rodríguez, presentaron ante el Ministerio Público Fiscal una denuncia por “violación de los deberes de los funcionarios públicos”, contra los responsables de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Equipamiento, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia del Neuquén, autoridad de aplicación de la Ley Provincial 2818.
Esta norma regula los proyectos urbanísticos por fuera de los ejidos municipales y tiene un apartado particular para los desarrollos que se definan en zonas cercanas a las localidades. En el artículo 13 especifica: “Cuando los Proyectos de Desarrollo Urbanístico afecten o impacten ambiental, social, cultural o económicamente el desarrollo urbano de un municipio, la autoridad de aplicación, previo a emitir dictamen, acordará y coordinará las pautas y criterios para la evaluación del proyecto con dicho municipio, el cual debe prestar conformidad.”
En la presentación realizada ante la fiscalía, los denunciantes destacan el caso de un desarrollo colindante con el ejido municipal en el que se estaban incumpliento prohibiciones que buscan resguardar condiciones ambientales para la ciudad y la región. En este sentido, la autoridad de aplicación provincial, estando en conocimiento de ello, no realizó ningún tipo de actuación. A esto se suma la falta de respuesta a las diferentes comunicaciones surgidas desde el ámbito del Concejo Deliberante que alertaban sobre esta situación y consultaban sobre un plan de acción.
“La Ley 2818, que la Legislatura aprobó para regular los desarrollos urbanísticos fuera de los ejidos municipales, busca que estos no afecten el crecimiento de las ciudades, con criterios propios de cada localidad. Así que, tenemos que hacer que se garanticen las normas que, como ciudad, sostenemos para los desarrollos propios”, indicó el concejal Martín Rodríguez.
En este sentido, el Concejo Deliberante aprobó la semana pasada una ordenanza que establece los criterios para el desarrollo de loteos colindantes al ejido municipal. Santiago Fernández explicó que “lo que se definió fue el procedimiento para que el municipio pueda brindar conformidad, tal como lo establece la Ley 2818”.
