17 Mar, 2022 por

Se reglamentó la ley que regula la actividad apícola

La iniciativa tiende a fortalecer su desarrollo atendiendo a los saberes y demandas del sector en la provincia.

Se reglamentó la Ley provincial 3255 que establece el régimen para la promoción y regulación de la actividad apícola en la Provincia del Neuquén. Fue promulgada mediante Decreto N° 1251/20.

La acción forma parte de las líneas de trabajo que se están llevando adelante desde el gobierno provincial, en el marco del Plan Quinquenal en relación a la diversificación de la matriz productiva, el equilibrio territorial y la perspectiva de género en las políticas públicas, tal como la ley de estímulo a la calidad de productos frutihortícolas, recientemente reglamentada que promueve el liderazgo de las mujeres en la producción.

Siguiendo los lineamientos del gobierno provincial y su adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ministerio de Producción e industria trabaja con diversas estrategias transversales para abordar sus acciones con perspectiva de género, tanto en los ámbitos públicos como privados, y en áreas rurales como urbanos.

Es por ello que se trabajó en la actualización de la ley provincial que regula la actividad de la apicultura en Neuquén, en pos de fortalecer su desarrollo, y atendiendo a los saberes y demandas del sector en la provincia.

Para lograrlo se desarrollaron varias reuniones con productoras y productores apícolas y sus organizaciones, referentes técnicos de distintas instituciones nacionales, provinciales y locales, y autoridades del ejecutivo, para poder plasmar objetivos comunes y miradas en el marco regulatorio, haciendo eje en las buenas prácticas y la mirada de cadena de valor de la actividad, y la perspectiva de género.

En tal sentido, se aplicó la norma que contempla la creación de una Mesa Sectorial Apícola como órgano consultivo y propositivo provincial, con incorporación de la paridad de género en sus representantes en todo el ámbito provincial.

Asimismo, la reglamentación establece los mecanismos para poder “contar con recursos genuinos tendientes a lograr la capacidad operativa necesaria para la aplicación de la ley” y establecer penalidades para los incumplimientos a la regulación, entre otras regulaciones.