Los test se realizarán de manera sorpresiva y estarán a cargo del propio funcionario, con descuento sobre sus haberes. La negativa injustificada a someterse al examen será considerada resultado positivo.
La Cámara de Diputados de la provincia aprobó, en general y por mayoría, la ley que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos para quienes ejercen cargos de alto rango en los tres poderes del Estado provincial. Lo hizo esta tarde durante la 19° sesión ordinaria del cuerpo.
La ley obtuvo los votos positivos de los bloques Comunidad, PRO-NCN, Avanzar, Cumplir, Fuerza Libertaria, Juntos, MPN, UxP, JxC-UCR, Arriba Neuquén y Neuquén Federal. En tanto los bloques FIT-U y PTS-FIT-U votaron en forma negativa.
El diputado Francisco Lepore (Avanzar), uno de los miembros informantes de la iniciativa, remarcó que la finalidad es garantizar ética, idoneidad y transparencia institucional en el ejercicio de la función pública, y evitar vínculos con el narcotráfico. “Los funcionarios debemos estar sometidos a los mismos controles -o más- que los ciudadanos que representamos”, planteó. Explicó que el procedimiento prevé un test rápido como instancia inicial y, en caso de resultado positivo, confirmación en laboratorio y posibilidad de contraprueba a solicitud de la persona evaluada. Ante un resultado positivo confirmado, cada órgano tomará la decisión respecto de la persona mediante los mecanismos previstos en la Constitución Provincial. Los test se realizarán de manera sorpresiva y estarán a cargo del propio funcionario, con descuento sobre sus haberes. La negativa injustificada a someterse al examen será considerada resultado positivo.
Los controles alcanzarán a los titulares de los tres poderes del Estado, ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura, así como a secretarios, fiscal de Estado y asesor general de Gobierno. También se aplicarán a directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control. Además, el legisaldor remarcó que la ley fija principios rectores como confidencialidad, privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos, derecho de defensa y debido proceso.
El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) enmarcó la norma en una política integral de seguridad y subrayó que “no se busca invadir la intimidad de nadie, sino que un funcionario no tenga vínculos con narcotraficantes”. Consideró que la discusión constitucional es una cuestión “ideológica” y valoró el gesto de someter a los funcionarios a los mismos controles que la ciudadanía.
Desde UxP, Darío Peralta se pronunció a favor de “dar una muestra clara a la sociedad” y de dejar plasmado en una ley la obligatoriedad de los controles para que todos los funcionarios la cumplan. En tanto, su compañero de bloque Darío Martínez sostuvo que el espíritu de la norma es que “ningún servidor público tome decisiones cuando no está en plena facultad de su sentidos”.
Por JxC-UCR, el diputado César Gass respaldó la iniciativa “en general” pero objetó la existencia de “lagunas” en la redacción. Por caso, cuestionó la falta de precisión en la autoridad de aplicación de la ley.
