El mandatario ya se había pronunciado a favor de los controles de drogas en los tres poderes del Estado y había anticipado que sería el primero realizar el examen toxicológico
El gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa, se realizó este miércoles un control toxicológico, tras la sanción de la ley que obliga a funcionarios de los tres poderes del Estado a realizarse este tipo de exámenes. El proyecto fue aprobado en general y por mayoría por los diputados provinciales.
El gobernador ya se había pronunciado a favor de esta legislación, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del primero de marzo, donde aseguró que sería el primero en someterse al control.
En ese sentido el mandatario se realizó el examen, que arrojó resultados negativos para distintos tipos de sustancias prohibidas, y luego sostuvo que “me parece muy positiva esta medida que han tomado los legisladores, que quienes ocupamos cargos públicos, quienes tenemos cargos de altísima responsabilidad, procedamos a hacer este tipo de estudios y pruebas, y que, por supuesto, le den tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud”.
Respecto a los controles alcanzarán a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura, así como a secretarios, fiscal de Estado y asesor general de Gobierno. También se aplicarán a directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control. La ley fija principios rectores como confidencialidad, privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos, derecho de defensa y debido proceso.
Esta iniciativa se alinea con la política pública que lleva adelante el Gobierno de la Provincia del Neuquén en la lucha contra el narcotráfico.
En su discurso ante los legisladores el primero de marzo, Figueroa había mencionado que entre las medidas más destacadas en la provincia se encuentra la adhesión a la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo, que permite que la Policía y la justicia provincial puedan actuar con mayor rapidez y eficiencia en la lucha contra el narcotráfico.
