Las prepagas acordaron la devolución de los montos cobrados en exceso por encima del índice de precios durante enero, febrero, marzo, abril y mayo. Para calcularlo, se tendrá en cuenta la inflación del mes previo.
Así, los precios de las cuotas de febrero deberán recalcularse con el IPC de enero, que fue de 20,6%; los de marzo, con el 13,2% (inflación de febrero); los de abril, con el 11%, por el alza de precios de marzo, y los de mayo, con el 8,8% por la variación de precios de abril.
De esta manera, al resultante de cada mes, se calculará el monto de diferencia -si lo hubiera- hasta junio ajustado por la tasa pasiva del Banco Nación, es decir la que pagan los depósitos a plazo fijo.
Para junio, en tanto, ya están previstos reajustes en función de la variación del IPC de abril, de 8,83% (hay entidades, de hecho, que ya comunicaron eso a sus asociados).
Los directivos pedían, a la vez, que desde octubre los incrementos de las cuotas queden liberados, tal como había ocurrido desde la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 firmado en diciembre por el presidente Javier Milei y sus ministros, y hasta que el propio Gobierno empezó a ponerles frenos a las subas, en abril último.
Esa propuesta fue hecha durante las reuniones que se llevan a cabo en el marco de la causa iniciada por la Superintendencia de Servicios de Salud contra un grupo de empresas por supuesta cartelización (acuerdo) en la definición de precios. Pero el plan planteado por el sector privado fue de inmediato rechazado por la Superintendencia, según dijeron desde ese organismo, representando en la audiencia por el superintendente Gabriel Oriolo, el gerente general Claudio Stivelman y el gerente de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Pierre Ganchegui.
Además, por el Gobierno participó el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, que intervino en abril en el tema, con una resolución que les ordenó a siete prepagas reducir sus precios.
La convocatoria para el encuentro de hoy fue hecha por Stinco a pedido de varias prepagas, luego de que el 3 de este mes el juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Superintendencia contra 23 empresas acusadas de cartelización. Días atrás, se las autoridades del área de Salud pidieron la incorporación a la causa otras 18 entidades, con lo cual son en total 41 las ahora involucradas en la causa.
