La investigación se originó el 22 de agosto, cuando la víctima fue golpeada, apuñalada y rociada con alcohol en una vivienda de San Martín de los Andes. Según se indicó oportunamente, es el principal testigo de una investigación por microtráfico de drogas y corre grave riesgo, y por esa razón, el fiscal jefe continúa solicitando medidas estrictas para protegerlo y garantizar el proceso judicial.
En una audiencia de modificación de medidas cautelares realizada hoy, la jueza de garantías Laura Barbé resolvió otorgar prisión domiciliaria a una mujer acusada por, junto a otras tres personas, intentar asesinar con ensañamiento a un hombre en San Martín de los Andes.
La decisión fue adoptada a partir de un pedido de la defensa, que presentó un domicilio para que su defendida cumpla la detención y solicitó además, que la mujer utilice una tobillera electrónica y se le imponga la prohibición de contacto con el denunciante y su familia.
Por su parte, la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal Elizabeth Pellicer se opuso y solicitó mantener la prisión preventiva. Argumentó que “no se dan las condiciones para la modificación de la medida” y finalmente manifestó que “no cambiaron los peligros procesales”.
La investigación se originó el 22 de agosto, cuando la víctima fue golpeada, apuñalada y rociada con alcohol en una vivienda de San Martín de los Andes. Según se indicó oportunamente, es el principal testigo de una investigación por microtráfico de drogas y corre grave riesgo, y por esa razón, el fiscal jefe continúa solicitando medidas estrictas para protegerlo y garantizar el proceso judicial.
Además de C.I.V, por el hecho hay tres varones imputados, M.Z, S.A.C y J.A.L que se encuentran detenidos en domicilios de la localidad cordillerana y de la ciudad de Neuquén. También participó una persona menor de edad y no punible.
Tras el pedido de la defensa, la jueza Barbé ordenó que la detención se cumpla en un domicilio previamente informados de la ciudad de San Martín de los Andes, con la implementación de una tobillera electrónica. La magistrada también dispuso la prohibición absoluta de contacto con la víctima y testigos.
