La ministra de Seguridad y senadora nacional electa visitó la comisión de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa ya tiene los dictámenes firmados y aguarda el tratamiento en el recinto.
Durante su exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich instó a los legisladores a tratar el proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años. Esta iniciativa clave del Gobierno, podría debatirse antes del 30 de noviembre o, en su defecto, durante una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias.
“Pedimos por favor si se puede poner en el temario, porque es muy importante. Hay un dictamen de mayoría que busca evitar que los menores entren en el delito”, reclamó Bullrich, quien también destacó: “La seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar. Cuando hay decisión política, se termina la tibieza y los resultados llegan”.
Invitada para detallar el presupuesto 2026 destinado al área de Seguridad, Bullrich aprovechó su intervención para hacer un balance de su gestión y reafirmar su lema: “El que las hace, las paga no es un eslogan de campaña: fue, es y será un principio de gobierno. Marca el límite entre la impunidad y la ley, entre el delito y el ciudadano honesto. Sin seguridad no hay libertad, y nuestro objetivo es una Argentina cada vez más libre”.
El proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil
El Gobierno nacional envió al Congreso, en junio de 2024, el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La propuesta, que obtuvo dictamen de mayoría el 6 de mayo, fue elaborada en un plenario de cuatro comisiones encabezadas por Laura Rodríguez Machado (PRO), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA).
El texto plantea un régimen penal juvenil diferenciado, con enfoque en la resocialización y el respeto de los derechos de los menores, manteniendo la privación de libertad como última instancia y aplicable solo a delitos graves.
Entre sus principios básicos, el proyecto garantiza:
Debido proceso y derecho a defensa desde el inicio.
Proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas restrictivas.
Participación activa del adolescente y derecho a ser escuchado.
Celeridad procesal y condiciones dignas en los centros especializados.
Derechos de las víctimas y responsabilidad de los padres
Uno de los ejes más destacados de la iniciativa es el reconocimiento del rol de las víctimas como sujetos activos del proceso penal juvenil. El texto prevé que podrán:
Ser escuchadas y contar con patrocinio jurídico.
Acceder a asistencia psicológica desde el inicio del proceso.
Participar en mediaciones penales juveniles y oponerse a decisiones fiscales, habilitando la revisión por un fiscal superior.
Además, se incorpora la responsabilidad civil de los padres o tutores del imputado y su intervención en la suspensión del juicio a prueba.
Penalidades y medidas alternativas
El nuevo régimen prevé sanciones escalonadas, priorizando las medidas educativas, restaurativas y de reinserción. Entre ellas se incluyen:
Amonestaciones, servicios comunitarios y monitoreo electrónico.
Tratamiento psicológico, capacitación laboral y programas educativos.
Reparación del daño y restricción de contacto con la víctima.
Solo en casos de delitos graves, los menores podrán ser privados de libertad, con condenas de hasta 15 años, y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios de la pena. La mediación penal juvenil será voluntaria y confidencial, mientras que la suspensión del juicio a prueba aplicará solo a delitos con penas menores a tres años y sin mediación previa.
Los bloques de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de rechazo. El diputado Cristian Castillo sostuvo que “bajar la edad de imputabilidad es una bomba de humo que no resuelve la inseguridad”.
“En los países donde se redujo la edad de imputabilidad, no bajó el delito. Es un gesto simbólico, no una política efectiva”, advirtió el legislador del FIT.
Pese a las críticas, el oficialismo confía en impulsar el debate antes de fin de año, con el objetivo de aprobar la ley en 2025 y comenzar su implementación progresiva en todo el país.
