Dos nuevos decretos firmados durante el fin de semana profundizan la política de depuración del Estado provincial. Un trabajador del SIEN fue cesanteado tras ser acusado de engañar y robar a una vecina, mientras que una técnica hospitalaria fue desvinculada por prolongadas inasistencias injustificadas.
El Gobierno de Neuquén volvió a avanzar con medidas disciplinarias dentro de la administración pública y concretó nuevas cesantías en el marco de la política de “tolerancia cero” impulsada por la gestión de Rolando Figueroa. Las decisiones quedaron formalizadas mediante decretos firmados durante el fin de semana y alcanzan a un agente del sistema de emergencias (SIEN) y a una profesional de la salud del interior provincial.
Las sanciones se suman a una serie de expulsiones y sumarios iniciados en los últimos meses, con el objetivo oficial de reforzar controles sobre el uso de recursos estatales y el cumplimiento de funciones dentro del sector público.
Uno de los cesanteados se desempeñaba como radiooperador del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), organismo clave en la atención sanitaria urgente. La investigación administrativa determinó que el trabajador habría utilizado información obtenida a través del servicio para contactar a una vecina que había solicitado asistencia médica.
Según el expediente, el hombre se presentó en el domicilio haciéndose pasar por enfermero y aplicó una inyección utilizando medicación y materiales descartables pertenecientes al sistema público. Luego, le cobró dinero por el procedimiento, pese a que las prestaciones del servicio son gratuitas.
La situación escaló cuando el acusado solicitó datos bancarios y claves personales a la mujer con el argumento de retirar dinero de un cajero automático. Tras retirarse del lugar, la víctima detectó un faltante de dinero en su cuenta y realizó la denuncia ante la central de emergencias y la Policía provincial.
La descripción aportada permitió identificar rápidamente al agente, quien ya registraba antecedentes administrativos por conductas indebidas. El sumario concluyó que el empleado se benefició de información del servicio público y utilizó insumos estatales para cometer el ilícito, motivo por el cual se aplicó la sanción máxima: la cesantía.
El segundo caso involucra a una técnica laboratorista del hospital “Dr. Oscar Arraiz” de Villa La Angostura, desvinculada tras comprobarse un prolongado período de inasistencias injustificadas.
De acuerdo con la investigación, la trabajadora no habría cumplido funciones durante varios meses entre enero y septiembre de 2023. El sumario administrativo iniciado posteriormente determinó que tampoco se presentó a las audiencias para ejercer su defensa.
Autoridades del hospital señalaron que la agente había utilizado previamente licencias médicas y que, una vez finalizadas, dejó de concurrir sin presentar nuevos certificados ni justificaciones formales. Paralelamente, se analiza si percibió haberes durante períodos no trabajados, lo que podría derivar en acciones legales para recuperar fondos públicos.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que las medidas responden a una línea de gestión orientada a reforzar la transparencia y la responsabilidad dentro del Estado. La aplicación de sanciones administrativas rápidas y la expulsión de agentes involucrados en irregularidades forman parte de una estrategia que busca diferenciarse de etapas anteriores y enviar una señal interna hacia la administración pública.
Con estas nuevas cesantías, el Gobierno provincial reafirma su decisión de avanzar con controles más estrictos y sanciones severas frente a hechos de corrupción, incumplimientos laborales o conductas incompatibles con la función pública
